En Cuba,
el régimen de gobierno de Castro, mantenido ininterrumpidamente desde 1959,
no es democrático, ni respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La represión de los disidentes políticos, el modelo de partido único y la
ausencia de pluralismo político son inadmisibles. Otro indeseable efecto ha
sido la reciente reactivación de las ejecuciones, con tres fusilados el pasado
14 de abril, tras un juicio sumario. En Cuba actualmente hay, al menos, otros
50 condenados a muerte. Por último, siempre debemos diferenciar a la ciudadanía
respecto a la actuación de su gobierno, y más aún si éste no ha sido
democráticamente elegido. El Pueblo Cubano, como todos los Pueblos, merece
nuestra solidaridad plena y todo nuestro apoyo por las difíciles circunstancias
que han vivido durante décadas de ausencia democrática y de embargo
norteamericano.
Simultáneamente en la misma isla, y con la misma antigüedad, se perpetúa el
anacronismo colonial de la base militar de Guantánamo, convertido en un
infernal “campo de concentración” y un “limbo jurídico”, donde se acumulan
centenares de presos de Afganistán e Irak, incluidos algunos menores de 16
años. Según la Corte de Apelaciones de Washington, de acuerdo con el
Departamento de Justicia de la administración de Bush, estos prisioneros no
tienen derechos bajo el sistema legal de Estados Unidos, ni pueden denunciar
las condiciones de su detención.
La
inhumana pena capital de la que se tuvo noticia, se concentra en el 81% en
China, Estados Unidos e Irán, según datos de AI en 2002. Ese año, EE.UU.
ejecutó a 71 personas, incluidos tres delincuentes juveniles (hace unos días
otro menor ha sido ajusticiado en EE.UU., país de mayor número de ejecuciones
juveniles, 13 desde 1990). El 1 de enero del 2003, había más de 3.700 presos
norteamericanos condenados a muerte.
Todos
pedimos el respeto de todos los Derechos Humanos, pero algunos sólo los exigen
para determinada gente y en determinados países. Amnistía Internacional ha
denunciado reiteradamente la irrelevancia dada por el gobierno español de Aznar
a la situación de los Derechos Humanos en sus relaciones con países como la
Federación Rusa o China (menos aún en EE.UU.), con la única excepción de la
insistente denuncia a la dictadura castrista en Cuba (sin mención alguna a
Guantánamo).