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Excusen
estas palabras propias de profanos en materia de Derecho, hablando únicamente
como legos ciudadanos en nombre de la Justicia que también es patrimonio
nuestro. Queremos expresarles primeramente todo nuestro respeto y admiración
por su trabajo, que entendemos es especializado (como el de otros) y que a la
mayoría de los mortales nos parece indescifrable y, a veces, alejado de la vida
cotidiana. Este distanciamiento confiamos sea atribuible a complejidad de la
materia en sí, y no a una deliberada voluntad de apartamiento, porque la
Justicia (entendida como la verdad en acción) debe ser inteligible para servir
al pueblo llano.
Ante la abundancia de pronunciamientos
sobre diversas materias políticas, con una creciente presencia en los medios de
comunicación escritos y audiovisuales, quisiéramos solicitar al aglutinado
colectivo de juristas-divulgadores un especial énfasis en disociar su
conocimiento jurídico especializado de su particular opinión política. Tomemos
un caso concreto, a nuestro juicio paradigmático de un manifiesto abuso en
nombre de supuestas leyes eternas y sacrosantas. En la Propuesta para la
Convivencia del Lehendakari Ibarretxe, se están arguyendo motivos jurídicos
espurios para NO DEBATIR UNA PROPUESTA POLÍTICA concreta, planteada pacífica y
democráticamente y destinada a ser sometida a una consulta popular. Esto es tan
ridículo como sería crear una barrera de especulaciones científicas o
artísticas para declarar la invalidez de un planteamiento político, porque las
ideas políticas son legítimas siempre que lo sean sus formas de difusión y
convencimiento.
En una democracia, “cualquiera puede
proponer libremente cualquier opinión política respetuosa con todos los
derechos humanos, buscando su extensión y aceptación por la sociedad por medios
pacíficos”. Y si esto no fuera posible, en ese lamentable caso, sobrarían todos
los juristas. No pueden existir sino razones políticas para estar a favor o en
contra de una oferta política, y queremos oír a unos y otros, sin que nos
hurten el debate por extraños procedimientos en nombre de una “justicia con
minúscula”, o en nombre de un texto legal por importante que sea. Las ideas
políticas posibles caben o no en la Constitución, que es una ley marco
revisable, mejorable y cuya modificación es tan aceptable como su mantenimiento
o su derogación. O, ¿es que ahora lo que se interprete como anticonstitucional,
no se puede ni plantear? ¿Ya no se puede predicar el republicanismo o la
independencia? ¿Ni siquiera la adhesión sin es libre? ¿Dónde quedó aquello de
que todas las ideas son defendibles por caminos de paz? Pronúnciense al
respecto y dígannos algo claro.
Ustedes serán abogados, pero nosotros no
somos abobados. Y perdonen el chiste fácil, pero corporativamente deben actuar
para evitar el desprestigio de que algunos de sus miembros se aparten de su
ámbito competencial. No permitan que se manipule y especule con fraudulentos
argumentos jurídicos en materias puramente políticas. En democracia, el voto
político de un jurista vale exactamente lo mismo que el de cualquier otra
persona. Para refutar ideas políticas hacen falta argumentos políticos en un
debate político que se dilucide democráticamente en las urnas, y sobran
presiones de grupos o fuerzas armadas, así como falsas argumentaciones
incluidas las pseudo-jurídicas. La justicia elimina los obstáculos para la paz,
decía Tomás de Aquino. ¿Estamos de acuerdo, ilustres juristas?
Mikel Agirregabiria Agirre. Getxo (Bizkaia)
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