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Parafraseando a Karl Marx,
un nuevo espectro recorre Europa, y a todo Occidente,… “el espectro de la
quiebra del sistema público de jubilaciones”. Es universal la preocupación por
la sostenibilidad del sistema fiscal de
pensiones. Desde Japón, con el elevado aumento de
las cotizaciones obligatorias a partir de 2005 para cubrir el severo déficit en
la caja de retiro, pasando por Estados Unidos donde Alan Greenspan considera
insostenible la actual política para garantizar las pensiones, nos llega a la
Unión Europea el debate sobre cómo evitar a medio plazo el desplome financiero
público derivado del envejecimiento de la población, con su consiguiente
crecida de gastos sanitarios y en pensiones.
El
sostenimiento del sistema vigente de retiro, creado hace 70 años, ha funcionado
aceptablemente (con pensiones mínimas insuficientes en muchos casos) mientras
se mantuvo la alta tasa de trabajadores respecto a los pensionistas. En 1935
había 42 empleados por cada jubilado; hoy, en Europa, no hay ni 3. Si la
escalada de esperanza de vida y la edad de retiro se mantienen, junto a la
regresión demográfica, cada cotizante y medio deberán ocuparse de un jubilado
antes de 2030.
O
se retira el voto a los pensionistas para abandonarlos a su suerte, o algo
habrá que reformar urgentemente. La primera opción queda descartada, no ya por
un básico sentido de ética filial con quienes nos dieron la vida y a quienes
les debemos todo, sino por razones más prosaicas. Los jubilados se han
convertido en la nueva y creciente mayoría social. Los políticos, que
administran recursos limitados, cada año se arriesgan menos a yugular el gasto
en pensiones para los mayores, porque su porcentaje en el censo electoral crece
ininterrumpidamente.
Otra
solución fácil, pero desechable por el rechazo democrático que suscita, es la
sustitución (que no complementación) del fondo público de pensiones por
aportaciones a cuentas privadas, tal y como impulsa Bush. Esta privatización
parcial del sistema de jubilación, aunque se enmascare con la opción de
auto-aumentar voluntariamente la presión fiscal para incrementar la aportación
en una cuenta pública personal, sería repudiada por un inmenso “lobby”,
no sólo de los pensionistas actuales, sino incluso de todos aquellos que
nacimos antes de 1970, porque nos situaría en desventajosa inferioridad.
El
“Estado de Bienestar” que hemos construido, junto a tasas de natalidad menores
de 1,3 hijos por mujer (o pareja), pone seriamente en riesgo a todo el sistema
de previsión social en un plazo de apenas 15 ó 20 años. Son precisas reformas
drásticas para mejorar la solvencia presupuestaria del sistema de pensiones,
con efectos inmediatos y a medio y largo plazo.
El
cálculo final de la pensión de cada jubilado se establece sobre la cuantía y
años de la base cotizada, lo que mide su esfuerzo solidario de contribución a
la sociedad. Una sugerencia que siempre nos rondó la cabeza a algunos, y que
comienza a aparecer en algún sesudo informe de sabios economistas aunque no
puedo hallar su referencia, señala que la descendencia criada por cada
jubilado, hombre o mujer, con o sin experiencia laboral, debería formar parte
del cálculo de su pensión.
Quizá
simplemente lo hayamos soñado, pero seguro que muchos compartirían la opinión
de que una madre que ha sacado adelante a varios hijos e hijas, nietos y nietas
(todos ellos cotizantes potenciales), ha cooperado decisivamente con el futuro
de una sociedad y merece una pensión digna. Las familias con prole, y quienes
lo consideren justo, deberíamos formar un grupo de presión para que el número
de hijos cuidados durante su infancia y juventud sea un factor valorado en el
cálculo de las futuras pensiones de retiro. Además, de este modo, muchas (y
muchos) que renuncian a los hijos o que limitan su número por razones
económicas, descubrirían la grandeza y la felicidad de la maternidad (o
paternidad) responsable.
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