Mikel Agirregabiria Agirre

viernes 2 de agosto de 2002

Calidad Educativa Vasca

El pasado 26 de julio el Gobierno central aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación, para su remisión al Congreso. Su polémica elaboración puede ser calificada, como mínimo, de surrealista y no cabe esperar demasiadas mejoras en su tramitación parlamentaria dada la actual correlación de diputados. Junto con la Ley Orgánica de Universidades y la Ley de la Formación Profesional y de las Cualificaciones, completa la trilogía de iniciativas legislativas educativas emprendidas por Aznar. Este artículo pretende exponer el previsible efecto sobre la educación vasca de esta Ley, cuya génesis se ha demorado más por la complejidad de la materia a abordar, que por el rigor en su proceso de consenso dentro de la comunidad escolar.

La Ley apela a un bello, y reiterado, concepto de calidad y a una “cultura del esfuerzo”, ideas generales con las que todos podemos estar de acuerdo. Lo cierto es que sus promotores poca ejemplificación de “esfuerzo” han demostrado en democratizar su gestación. Se ha aprobado el Proyecto en plenas vacaciones escolares, y fuera del periodo de presidencia europea, lo que proclama el poco entusiasmo que provoca, la contestación social que espera y su difícil “venta” ante la opinión pública. Entre las numerosas protestas, en Euskadi cabe recordar la multitudinaria manifestación del 4 de mayo a favor de un Sistema Educativo Propio, bajo el doble lema de “STOP a la Ley de Calidad del PP” y “Por una Educación Nuestra y Solidaria”.

Con un espíritu de evaluación constructiva, que los educadores debemos cultivar ahora más que la crítica pura que estimulamos hace dos o tres décadas por demandas del momento, expondremos los aspectos válidos, y otros no tanto, que hay como en cualquier propuesta. Como cuando se juzga el comportamiento del alumnado, conviene reseñar primero los aspectos negativos (conductas a corregir) y, luego destacar los elementos más positivos (salvando a las personas).

Las objeciones son, a nuestro entender, múltiples. La primera y sustancial para la realidad educativa vasca es que se trata de una Ley uniformadora, que además de invadir competencias asumidas (ya se ha anunciado la interposición de recursos de inconstitucionalidad) y de ignorar incluso la realidad bilingüe de casi la mitad del alumnado español, se dirige principalmente a corregir situaciones educativas superadas en Euskadi, como se describe a continuación.

La educación vasca, por los factores básicos como financiación, equilibrio de redes, grado de concertación o ratio profesorado/alumnado, se puede equiparar con los sistemas europeos más avanzados, que poco tienen que ver con los de algunas autonomías del Estado, con trasferencias tardías, y cuyos indicadores históricos de calidad están desgraciadamente postergados. La justificación misma de la Ley partió del “fracaso escolar”, aunque en la redacción final se ha obviado el término, que se cifra en más de un 25 % en el promedio del Estado Español, y que es muy inferior en Euskal Herria: Un 19 % en la CAPV (con un sistema plenamente bilingüe) y menos aún en Navarra.

Asimismo la Ley propone, como una de sus medidas más relevantes, que la gratuidad de la nueva etapa de Educación Infantil, ahora sólo en el tramo 3-6 años. Esta meritoria iniciativa puede mejorar la baja escolarización española, pero nada dice en Euskadi donde la escolarización es universal no sólo en esta etapa, sino incluso desde los 2 años. Algo similar sucedió con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) al escolarizar hasta los 16 años: esto ya había acontecido hacía años en Euskadi.

Debe saber la ciudadanía vasca, que la extensión de la escolarización en Euskadi en ambos extremos de edad discente, en 0-2 años y en porcentaje de universitarios es comparable y favorablemente con las sociedades europeas y norteamericanas más avanzadas, encabezando todas las series del Estado. Nuestro debate no es la concertación del 3-6 años, ni el 2-6 siquiera, sino cómo asegurar las plazas de 0-2 años para aquellas familias que lo desean y que optan por ello más que en ninguna otra sociedad del mundo.

Así mismo, en los aspectos curriculares las indicaciones de la Ley para adelantar el estudio de una lengua extranjera y de las nuevas tecnologías en Educación Infantil, o la potenciación en Primaria de las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas), las Lenguas Extranjeras son ya realidades en Euskal Herria. En este sentido, la consideración de asignatura troncal de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es otra ocasión frustrada, que sí ha otorgado Blair en el Reino Unido. Esta administración ha declarado a la enseñanza como 'el desafío fundamental' de los próximos diez años, y destinado hasta el 5,6% del PIB (superando a la media europea), con un incremento del 50% de la inversión por alumno en ocho años. Cuando en la actualidad sólo el 4,4% del PIB se dedica a la educación en el promedio español, se haría realidad el binomio de “reforma y dinero”, evitando el mismo error que cometió la LOGSE en 1990.

En Euskadi, la financiación educativa global, comparable a la media europea, no es lo más perentorio, aunque sí su reordenamiento presupuestario junto a innovaciones organizativas y un nuevo “acuerdo educativo”, previsto en el Programa de Gobierno de Ibarretxe, tras el “pacto escolar” suscrito en 1992.

La visión centralista que inspira toda la Ley, provoca su pésima hechura. Trata de homogeneizar a un modelo único unos sistemas escolares tan heterogéneos en las distintas comunidades autónomas que justamente comete el error que pretende combatir: aplicar una política de igualación a la baja. Como sucedió con la Ley de FP, evoca el mito del posadero Procusto, que ajustaba el huésped a la cama con el expeditivo procedimiento de estirarle o cortarle miembros y cabeza.

La limitación que impone un artículo de divulgación no exime de enunciar otros errores organizativos: la supresión de la promoción automática en ESO, de forma que se repetirá el curso con más de dos asignaturas suspensas, no compensada con criterios para el profesorado a fin de comprender la gravedad y el coste familiar y social que significa cada repetición, de escasa eficacia en muchos casos; la imposibilidad de aceleración que permita aventajar al grupo de coetáneos; los posibles efectos de discriminación, clasificación y segregación social del alumnado; la especialización de algunos centros públicos en los itinerarios menos prestigiosos que podría provocar su segmentación, lo que se agudizaría si se yugulase la financiación pública; la división del profesorado por no favorecer la carrera docente y por “resucitar” el cuerpo de catedráticos; el freno a la participación de las familias; la devaluación adicional de la Formación profesional, a la que retrotrae a tiempos pasados;…

Finalmente la lista de “oportunidades perdidas”, puede constituir, por sí misma, la mayor objeción a la Ley: El nulo avance hacia un verdadero Espacio Europeo de la Educación; la falta de un moderno tratamiento para una “educación en valores”; el “cierre en falso” entre la asignatura de religión y su alternativa; la no provisión adicional de recursos para la enseñanza de idiomas y de las TIC; el escaso avance en el tratamiento de las necesidades educativas especiales; la conculcación de los derechos lingüísticos del alumnado extranjero en las comunidades bilingües con programas de aprendizaje sólo de la lengua española; …

Y después de toda esta lluvia de reprobaciones, ¿cuáles son los aspectos favorables que se prometían? Abreviadamente y sin exponer todos los matices que merecería cada caso: La Prueba General de Bachillerato o reválida, con una 'parte oral' de la lengua extranjera, mejorando una Selectividad con tribunales mixtos (Profesorado Público de Secundaria-Universidad), que ni aseguraba la coordinación entre la universidad y la secundaria, ni constituía una evaluación propia del sistema preuniversitario para homologar conocimientos y contrarrestar tendencias indeseadas en las calificaciones; los itinerarios formativos que regularicen el abanico de fórmulas de refuerzo -que de hecho ya se han desplegado en Euskadi- para la atención a la diversidad de la ESO; la reducción a tres modalidades en los dos cursos de Bachillerato; el fomento de la lectura;…

Otras posibilidades podrían vislumbrarse con una aplicación inteligente de la Ley. Como se señala en su preámbulo, “las reformas educativas han dejado de ser acontecimientos excepcionales, y se han convertido en procesos relativamente continuados de revisión, ajuste y mejora”. En este sentido, confiamos que la crisis, entendida como oportunidad, servirá para perfeccionar el Sistema Educativo Vasco, no tanto por las virtualidades de la Ley como por nuestro esfuerzo propio.

Valoración final. Como el ingeniero del chiste, que ni veía la botella medio llena como el optimista, ni medio vacía como el pesimista. Simplemente creía que estaba mal diseñada (a doble tamaño del necesario).

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